Desde 1 de enero del año 2.016, con la entrada en vigor de la Ley 35/2015, profesionales del derecho, peritos, tramitadores, médicos, y demás agentes que intervienen en los accidentes de tráfico nos hemos visto obligados a reciclarnos a las nuevas normas del juego, haciendo borrón y cuenta nueva.
Lo primero que me gustaría destacar, es que la nueva norma requiere un amplio y profundo estudio y especialización, pues prácticamente en nada tiene que ver con la norma derogada. Ello implica que cada vez sea más necesario el asesoramiento de lesionado y perjudicados por un verdadero experto.
Respecto a la norma en sí y, pregunta de millón, si es mejor o peor que la antigua, me decantaría por la siguiente respuesta: claramente peor para los pequeños lesionados y muy mejorada para los grandes lesionados.
¿Quien gana con esto? Pues evidentemente, las compañías de seguros que van a ver reducido el gasto en indemnizaciones en su cuenta de resultados en millones de euros anuales, ya que la mayor parte de los accidentes se producen pequeñas lesiones.
Pero, nos guste más o nos guste menos, nuestro trabajo consiste en proporcionar a los clientes, pequeños y grandes lesionados o perjudicados por el fallecimiento de un ser querido, las máximas herramientas posibles para la defensa de sus intereses, frente al “gigante” con el que pelean: las compañías de seguros.
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